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YoutubeSeñor Director:
“En la edición del 14 del actual se hace referencia al supuesto rechazo por parte del ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Álvarez, al reclamo del jefe de la Policía Federal Argentina relativo a la necesidad de actualizar las normas que enmarcan la actuación de la fuerza en la ciudad de Buenos Aires.
“Al respecto quisiera señalar dos problemas en la interpretación de este aparente conflicto entre ambos funcionarios nacionales. Uno es el relativo al uso de las palabras de nuestro idioma cuando éstas vienen cargadas de ideología. Con el término “edictos policiales” se quiere aludir a toda una carga de autoritarismo, al igual que ocurre con el uso “represión” como si no fuese estrictamente legal que las fuerzas de seguridad cuando ya se ha superado la etapa de la prevención deban “reprimir” las conductas delictivas. Sin embargo, la historia de los últimos 30 años en la Argentina provoca que estos términos sean maliciosamente utilizados para denostar a quienes se refieren a ellos, aun de buena fe como evidentemente ha hecho el comisario general Giacomino. Nótese que en la misma nota del diario se dice que el jefe policial se ha referido a la necesidad de adecuar las normas para poder actuar como cuando existían los edictos. Si se interpretan sus declaraciones con buena fe se puede entender que no está pidiendo que vuelvan los edictos anteriores, sino que se sancionen normas que den mayores facultades a la policía, acordes con los gravísimos hechos de inseguridad que se están registrando últimamente.
“La otra cuestión es que, así interpretados los dichos de Giacomino (de buena fe), no han sido rechazados por el ministro. En la propia nota se dice que Álvarez coincidió en que deben modificarse y mejorarse ciertas leyes dado el auge del delito. Es decir, que ambos coinciden en lo sustancial, más allá del uso de palabras que sin explicación alguna, a mi juicio, resultan tan sensibles para la mayoría de los medios de comunicación.
“Centrar la discusión en “edictos sí” o “edictos no” resulta una trampa, ya que impide el avance en la verdadera discusión que es la necesidad imperiosa de que la policía recupere las facultades preventivas que poseía, mientras que los delincuentes siguen ganando el terreno que deberían ocupar las fuerzas legales.
“Quienes persistan en este tipo de prédicas que terminan favoreciendo a los delincuentes corren el riesgo de convertirse en cómplices de su accionar, bajo el pretexto de la defensa de las garantías constitucionales y legales. Es de desear que algún día los argentinos comprendamos que la verdadera legalidad protege, principalmente, a los ciudadanos honestos. Mientras continúa este tipo de discusiones, y como se informó en la edición del día anterior, sólo en la provincia de Buenos Aires mueren 7 personas por día como consecuencia del accionar delictivo.”
Ricardo O. Sáenz
Fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
