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YoutubeAlgunas empresas ofrecen informes personales y confidenciales, para uso comercial, algo que la ley prohíbe Se cree que los obtendrían de la AFIP, la ANSeS, e incluso de la justicia comercial
DAMIAN KANTOR
La publicidad arribó por mail y decía así: “Soy un especialista en el manejo de información y tengo acceso a millones de datos sobre personas y empresas. No importa qué tan reservada sea la base de datos que busca; seguro que la tengo”. El texto es uno de los tantos que circulan en la actualidad y sus autores operan impunemente desde el anonimato. Aun así, en ciertos ámbitos, estos personajes son conocidos: trafican con los datos confidenciales de la gente; invaden la privacidad.
Esos datos pueden indicar con asombrosa exactitud el perfil de una persona: dónde vive, su teléfono y documento, y el lugar de trabajo. Y todavía mucho más. Por ejemplo cuánto gana; dónde viven sus familiares y todos los vecinos de su cuadra; si es propietario de casa o departamento; y, si tiene auto, hasta la marca y el modelo. Por unos pesos más, se ofrecen también seguimientos a presuntos morosos.
A partir de la sanción de la ley de Hábeas Data, vender muchos de esos datos es ilegal. Y la Justicia está investigando a empresas y particulares que hacen estas ofertas. Con algunos de estos mails, los fiscales Alejandra Gils Carbó y Ricardo Sáenz recibieron precisas instrucciones de su jefe, el Procurador General, Nicolás Becerra: “Hagan la denuncia inmediatamente”, les ordenó. Y ya tienen en la mira a uno de los presuntos autores en Santa Fe.
¿Cómo se obtiene semejante información sobre las personas? Clarín pudo saber que los investigadores trabajan para determinar si esa información sensible proviene de entrecruzar los datos de varios organismos del Estado, presuntamente robados, según consta en la denuncia. Entre otros: AFIP, ANSeS, padrones electorales, registros del inmueble y automotor, y hasta de las cámaras y juzgados del fuero comercial.
Es así porque creen que en el presunto ilícito podrían estar involucrados funcionarios de estos organismos y no se descarta la participación de miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia.
De comprobarse su participación en el ilícito, los funcionarios podrían recibir hasta dos años de cárcel por violar la ley de Hábeas Data (ver página 4).
El caso comenzó en mayo. Entonces, Gils Carbó alertó a su colega Ricardo Sáenz acerca de estos folletos electrónicos. El tema generó tanta alarma que Becerra, además, armó un equipo de fiscales para investigar y le pidió al fiscal de la causa, Daniel Pablovsky, que lo mantenga informado al instante. El juez de instrucción Francisco Ponte tiene en sus manos el espinoso expediente.
Pablovsky le dijo a Clarín que aún no hay imputados en la causa pero que se avanza sobre pistas firmes, después de un inicio complicado. Fue porque una de las empresas investigadas, por ejemplo, habría dejado de operar, sin dejar rastros.
“La que sí está bajo sospecha se llama Infocome, y opera tanto desde Internet como por correo tradicional”, precisa. Los fiscales tienen pistas sobre uno de sus dueños, de apellido Mendoza, que vivía en la ciudad de Santa Fe. “Después se mudó a Rosario. Pero todavía no sabemos adónde”, aseguró el fiscal. Dice que esta empresa vende la información en cuatro CD-ROM, y que ofrecen los datos para uso comercial.
El dato se obtuvo de la misma página, que funcionaba hasta ayer en “www.infocome.com.ar”;. Esa página, según consta en Cancillería, habría sido registrada por un tal Sebastián Mendoza. Se cree que sería la misma persona. Allí figuran los precios: saber vida y obra de 500 personas, por ejemplo, salía entre 230 y 350 pesos. Pero lo que llamó más la atención es que esta empresa actualizaba los datos en forma quincenal o mensual.
“El buscapersonas —decían en el aviso— es el único software desarrollado en el país que se instala en su computadora y es capaz de proporcionarle el último domicilio registrado de la persona que usted intenta encontrar, así como también otros posibles domicilios, y los datos de personas directamente relacionadas con la buscada”. Y aclaraban sin pudor: “No confunda este producto con los basados en la guía telefónica. Nosotros ofrecemos datos sobre prácticamente todos los habitantes del país, superando actualmente los 30 millones”.
La causa cobró vigor en las últimas horas debido a que aparecieron nuevos datos. El fiscal tiene hoy en sus manos varias cuentas bancarias que, se presume, serían de la empresa.
Por la calidad de los datos que se promocionan, los investigadores sostienen que esa información provendría de casi todos los archivos informatizados estatales de importancia, que luego se suman para brindar todos los detalles y que después se entrecruzan por computadora.
Fuente: http://edant.clarin.com/diario/2001/11/17/p-01801.htm
