¿Hasta cuándo?

No hace mucho tiempo comenté en el sitio la situación que plantea la benignidad con que muchos jueces y fiscales tratan las causas judiciales seguidas a menores de edad, y cómo esta circunstancia crea, en forma indirecta, más inseguridad (ver editorial Inseguridad, Garantías y Justicia Penal).

Los delitos violentos cometidos por menores de 16 años (límite de la imputabilidad en materia penal en la Argentina) no han cesado, ni nada indica que vayan a hacerlo, especialmente, ninguna medida efectiva que provenga del Estado.

Nos estamos habituando a las noticias de que jóvenes (niños, en los términos de la Convención de las Naciones Unidas) de 13, 14, o 15 años roban usando armas de fuego de grueso calibre y, si se ven en peligro de ser descubiertos, o a veces sin ninguna razón atendible, llegan a matar a sus víctimas con absoluto desprecio por la vida humana.

Sabemos de sobra que la primera vida que estos jóvenes no respetan es la suya, que se autodestruyen sistemáticamente a través del consumo de alcohol y drogas desde edades muy tempranas. Nos han explicado los especialistas que crecen en hogares donde no hay modelos de vida sana, de trabajo y de esfuerzo, que muy probablemente han sido víctimas de violencia familiar y hasta de abusos sexuales. Conocemos muy bien que la falta de una alimentación adecuada en la infancia influye en su desarrollo intelectual y que, además, abandonan la escuela aún antes de terminar la primaria. Que muchos de ellos directamente han sido abandonados de muy pequeños y se han criado en la calle, conociendo prematuramente sus vicios y códigos para sobrevivir.

Todas estas penosas circunstancias las conocemos bien y también sabemos que la pobreza estructural que sufre nuestro país no se va a solucionar ni en un año ni en diez, con lo cual deberemos convivir mucho tiempo con estos niños-homicidas.

¿Qué pensamos hacer al respecto?. ¿Hasta cuándo vamos a permanecer de brazos cruzados viendo familias llorando por televisión?. Todos quienes trabajamos en los tres Poderes del Estado formamos parte, de algún modo, de la clase dirigente de este país y, como tal, somos los responsables de hacer cesar esta situación. O por lo menos hacer cesar sus efectos, los graves daños que afectan a los ciudadanos honestos, que son absolutamente inocentes de esta problemática.

Todos los gobernantes del mundo, incluidos los de Argentina, toman medidas duras cuando es necesario para enfrentar los problemas que se plantean, sean económicos, de salud, o provenientes de catástrofes naturales. Si los organismos internacionales denuncian que Argentina no tiene controles suficientes en materia de lavado de dinero o de narcotráfico, el Estado con buen criterio decide endurecer las medidas de prevención. Si faltan billetes de cien pesos se mandan a fabricar más. Si aumenta el precio de algún producto importante, se tratan de tomar las medidas tendientes para controlarlo. Lo que no estamos acostumbrados a ver, y no debemos acostumbrarnos, es a que no se haga nada.

Los legisladores comenzaron a debatir el tema del límite de la edad de imputabilidad penal pero aun no se decidió nada. A veces criticamos a los jueces –me incluyo entre los críticos– pero hay que reconocer que también se requieren cambios en las leyes.

Empezando ya la segunda década del Siglo XXI no se puede seguir sosteniendo que un menor de 16 años sea absolutamente irresponsable de quitarle la vida salvajemente a un ser humano. Es imperioso revisar estos criterios. El Estado debe transmitir un mensaje muy claro a los menores, sus delitos serán penados, y severamente. También servirá para enviar un mensaje a los ciudadanos inocentes, de que serán defendidos por la autoridad pública.

Ninguna norma internacional, ninguna interpretación de tribunal internacional alguno, puede obligar a un país soberano a seguir tolerando que sus niños maten a cualquier persona sin tener las armas legales para impedirlo. Quienes son capaces de cometer estos crímenes deben permanecer separados de la sociedad. Pongámonos de acuerdo en estos puntos básicos, no debemos exponer a los ciudadanos a que un sujeto que mató pueda volver a hacerlo. Si acordamos este punto, después los especialistas veremos cómo se lleva a cabo en la práctica. Primero se toman las decisiones básicas de una sociedad y después se buscan las normas que permiten su aplicación, no pongamos el carro delante del caballo.

Quienes tenemos responsabilidades en esta materia debemos hacer que vuelva a imperar el orden y la autoridad. Eso no nos convierte en autoritarios, no nos dejemos engañar por rótulos o falsas antinomias, como garantismo o mano dura. Sabemos muy bien que son sólo formas engañosas de usar el lenguaje, manipulaciones para descalificar al que piensa distinto. Ningún argentino puede pensar distinto en este tema, a menos que no le importe seguir viendo familias destruidas por televisión.

Ricardo Sáenz

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